Faltos de democracia: El uso obsceno de una situación grave

Mientras se asocia al gobierno con la dictadura, la ministra Patricia Bullrich asegura que la comunidad mapuche se cierra y no colabora, nadie testimonia haber estado en  el momento de la desaparición ni se aportan datos de quienes lo podrían haber acompañado en ese momento y paralelamente grupos pro mapuches quemaron una bandera argentina y pintaron las placas de gendarmes que cayeron en Malvinas como soldados argentinos. En ese marco, el Estado debe dar respuesta sobre la verdad del paradero de Santiago Maldonado

Desde que sucedió y de allí en más, cada día con más virulencia,  la gravísima desaparición del joven artesano Santiago Maldonado se transformó en una detestable acción de campaña electoral.

El hecho en sí es gravísimo. Así como fue y sigue siendo muy grave la desaparición de Julio López en épocas del Kirchnerismo, misterio que el Estado no ha podido develar, la desaparición de Maldonado es igualmente grave.   A López se lo llevó vaya a saber quién. En el caso Maldonado  las denuncias apuntan a Gendarmería,  o más  claramente al grupo  operativo que actuó el primero de agosto en una protesta del grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en Esquel donde,  entre otras exigencias, se pedía por la libertad de Jones Huala, reclamado por terrorista por la justicia de Chile y responsable de la arenga constante hacia la violencia en Argentina,  aún desde donde está detenido

En este caso, como en el de López, el Estado, quien debe velar por la seguridad de la personas, quien utiliza una enorme suma de dinero para mantener sus fuerzas de seguridad, sus  cuadros policiales,  la justicia y su servicio de inteligencia,  es el que debe dar urgente respuesta aclarando los hechos y devolviendo con vida al desparecido.  Su responsabilidad es esa y está muy bien que la ciudadanía se lo reclame airadamente,  máxime si tenemos en cuenta que el Estado no ha resuelto desde hace ya muchos años ninguno de los graves hechos de sangre que han conmocionado al país.  No sólo tiene que ver con los hechos vinculados a las fuerzas de seguridad. Hay un sinnúmero de muertes y  todas son igualmente graves porque finalmente, por una u otra razón, hay seres humanos que pierden la vida,  y sus tragedias no hay sido resueltas, los casos no fueron esclarecidos y nada indica que un día lo serán.

Pero desde la desaparición de Santiago Maldonado,  las voces que impúdicamente pretenden comparar al gobierno democrático actual con los hechos de la dictadura tienen una detestable intencionalidad política que debemos repudiar,  tanto como la falta de resultados en la acción del estado.  Tampoco es bueno que haya declaraciones sospechosamente  oportunistas de distintos actores de la comunidad que aparecen denunciando posibles avistajes del desparecido en la Mesopotamia argentina.

Es cierto que esta desaparición  sucede justo a días de las elecciones y de eso nadie es responsable,  pero utilizar esta gravísima situación  para comparar al gobierno democrático con la dictadura  y responsabilizarlo de lo que bien pudo haber sido un exceso del grupo operativo de gendarmería no es inocente.  Exigir justicia sí, exigir la aparición inmediata con vida del desaparecido también, tratar de confundir al electorado de que estamos en manos de una dictadura  es abominable y por sobre todo muestra la falta absoluta por parte de un sector de la política de respeto por la democracia que tanto nos ha constado conseguir, por el  estado de derecho que pagamos con sangre,  retroceso, dinero y forma de vida.

En esta dramática situación es imprescindible que el Estado ponga toda su  energía y que la ciudadanía  aporte todo lo que pueda para ayudar al esclarecimiento. En este marco resulta absurdo y cuanto menos llamativo lo que cita el Diario La Nación de hoy sábado cuando habla de la falta de colaboración de los grupos involucrados; “La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,  pidió hoy a la comunidad RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que ocupa tierras en Chubut "que se abran, no que se cierren" y ayuden en la búsqueda del mochilero Santiago Maldonado porque, remarcó, "no pudimos entrar al territorio donde según ellos lo vieron por última vez".

Acá debe actuar la justicia; determinar qué pasó realmente  con Santiago Maldonado, si fue efectivamente secuestrado, en qué circunstancia,  de qué manera,  qué han hecho con él,  con su vida, con su cuerpo,  y sea quien sea el responsable  de lo que haya pasado,  que sobre él caiga todo el peso de la ley.  El estado de derecho no es nada más ni nada menos que eso, que todos seamos beneficiados con la protección y garantías de la Constitución y que los culpables sean apartados sin miramiento de nuestro tejido social. No se trata de revanchas, represión ni violencia, se trata de la verdadera imposición de justicia.