Faltos
de democracia: El uso obsceno de una situación grave
Mientras
se asocia al gobierno con la dictadura, la ministra Patricia Bullrich asegura
que la comunidad mapuche se cierra y no colabora, nadie testimonia haber estado
en el momento de la desaparición ni se
aportan datos de quienes lo podrían haber acompañado en ese momento y
paralelamente grupos pro mapuches quemaron una bandera argentina y pintaron las
placas de gendarmes que cayeron en Malvinas como soldados argentinos. En ese
marco, el Estado debe dar respuesta sobre la verdad del paradero de Santiago
Maldonado
Desde que sucedió y de allí en más, cada día con más
virulencia, la gravísima desaparición
del joven artesano Santiago Maldonado se transformó en una detestable acción de
campaña electoral.
El hecho en sí es gravísimo. Así como fue y sigue siendo
muy grave la desaparición de Julio López en épocas del Kirchnerismo, misterio que
el Estado no ha podido develar, la desaparición de Maldonado es igualmente
grave. A López se lo llevó vaya a saber
quién. En el caso Maldonado las
denuncias apuntan a Gendarmería, o
más claramente al grupo operativo que actuó el primero de agosto en
una protesta del grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en Esquel donde, entre otras exigencias, se pedía por la
libertad de Jones Huala, reclamado por terrorista por la justicia de Chile y
responsable de la arenga constante hacia la violencia en Argentina, aún desde donde está detenido
En este caso, como en el de López, el Estado, quien debe
velar por la seguridad de la personas, quien utiliza una enorme suma de dinero
para mantener sus fuerzas de seguridad, sus
cuadros policiales, la justicia y
su servicio de inteligencia, es el que
debe dar urgente respuesta aclarando los hechos y devolviendo con vida al
desparecido. Su responsabilidad es esa y
está muy bien que la ciudadanía se lo reclame airadamente, máxime si tenemos en cuenta que el Estado no
ha resuelto desde hace ya muchos años ninguno de los graves hechos de sangre
que han conmocionado al país. No sólo
tiene que ver con los hechos vinculados a las fuerzas de seguridad. Hay un
sinnúmero de muertes y todas son igualmente
graves porque finalmente, por una u otra razón, hay seres humanos que pierden
la vida, y sus tragedias no hay sido resueltas,
los casos no fueron esclarecidos y nada indica que un día lo serán.
Pero desde la desaparición de Santiago Maldonado, las voces que impúdicamente pretenden comparar
al gobierno democrático actual con los hechos de la dictadura tienen una detestable
intencionalidad política que debemos repudiar,
tanto como la falta de resultados en la acción del estado. Tampoco es bueno que haya declaraciones
sospechosamente oportunistas de distintos
actores de la comunidad que aparecen denunciando posibles avistajes del
desparecido en la Mesopotamia argentina.
Es cierto que esta desaparición sucede justo a días de las elecciones y de eso
nadie es responsable, pero utilizar esta
gravísima situación para comparar al
gobierno democrático con la dictadura y responsabilizarlo
de lo que bien pudo haber sido un exceso del grupo operativo de gendarmería no es
inocente. Exigir justicia sí, exigir la
aparición inmediata con vida del desaparecido también, tratar de confundir al electorado
de que estamos en manos de una dictadura
es abominable y por sobre todo muestra la falta absoluta por parte de un
sector de la política de respeto por la democracia que tanto nos ha constado conseguir,
por el estado de derecho que pagamos con
sangre, retroceso, dinero y forma de
vida.
En esta dramática situación es imprescindible que el Estado
ponga toda su energía y que la
ciudadanía aporte todo lo que pueda para
ayudar al esclarecimiento. En este marco resulta absurdo y cuanto menos llamativo
lo que cita el Diario La Nación de hoy sábado cuando habla de la falta de
colaboración de los grupos involucrados; “La
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió hoy a la comunidad RAM (Resistencia
Ancestral Mapuche) que ocupa tierras en Chubut "que se abran, no que se
cierren" y ayuden en la búsqueda del mochilero Santiago Maldonado porque,
remarcó, "no pudimos entrar al territorio donde según ellos lo vieron por
última vez".
Acá debe actuar la justicia; determinar qué pasó realmente con Santiago Maldonado, si fue efectivamente
secuestrado, en qué circunstancia, de
qué manera, qué han hecho con él, con su vida, con su cuerpo, y sea quien sea el responsable de lo que haya pasado, que sobre él caiga todo el peso de la ley. El estado de derecho no es nada más ni nada
menos que eso, que todos seamos beneficiados con la protección y garantías de
la Constitución y que los culpables sean apartados sin miramiento de nuestro tejido
social. No se trata de revanchas, represión ni violencia, se trata de la verdadera
imposición de justicia.