Una vez más tomó plena vigencia aquel axioma que dice que
en la justicia, la mitad de la
biblioteca va para un lado y la otra
mitad en sentido contrario. Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkratz y
Horacio Rosatti se fijaron en que la Constitución
Nacional habla de igualdad de las personas ante la ley y que en la pena debe imponerse
la ley más benévola y aceptaron la aplicación del dos por uno con el que se
benefició a un condenado por crímenes de lesa humanidad, el represor Luis Muiña.
Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda
opinaron lo contrario.
Sin entrar en consideraciones jurídicas ni
políticas; las primeras porque es una
interpretación que corresponde a especialistas y la segunda porque directamente
no debe corresponder, y solo apelando al
sentido común, está claro que esa sentencia es un gravísimo retroceso.
La primera consideración a hacer es que con este fallo de
igualdad de las personas ante la ley se deja sin efecto un valor que ya parecía
instalado fijamente según el cual los
delitos cometidos por las personas en ejercicio del poder del Estado es de gravedad superlativa ya que
no se trata de personas comunes sino las que detentan el poder absoluto que les
confiere su situación circunstancial.
Por otra parte este fallo abre la puerta a la “teoría de
los dos demonios”, donde terroristas y Estado pareciera que estaban en
guerra entre iguales. No lo fue,
categóricamente. Los terroristas fueron y son delincuentes, quizás no
comunes, más peligrosos, pero
delincuentes. Los genocidas en el ejercicio del poder absoluto del Estado
fueron mucho más que aquellos, y por lo
tanto sus responsabilidades infinitamente superiores.
La tercera cuestión es que, al aplicar el criterio del
dos por uno se usa el de una ley que no estaba en vigencia cuando se cometieron
los crímenes y está derogada ahora, al
momento de la sentencia. Ni antes ni
ahora podría ser aplicable a los dictadores genocidas, muchos de ellos ahora
presos.
Elena Highton de Nolasco,
un giro que posibilitó el 2 x1
En un fallo del 30 de junio de 2009 la jueza dice
exactamente lo contrario. Fue en respuesta al pedido de Jorge Luis Magnacco, el
médico de la ESMA, que había exigido el beneficio del 2x1. ¿Por qué cambió?
¿Fue para congraciarse con el Poder Ejecutivo como pago por haberle permitido
que siga siendo integrante de la Corte Suprema de Justicia aún luego de cumplir
75 años? ¿El gobierno se lo insinuó? No pareciera. ¿Por qué cambió? Seguramente
nunca lo sabremos.
Retroceso también político
La ex presidenta Cristina Fernández dice que en su
gobierno ese fallo no se hubiera dado. Seguramente. Las presiones que el
Kirchnerismo hizo siempre sobre la justicia las hubiera hecho en este caso.
Pero más allá de eso, la visión de su
gobierno fue muy crítica frente a los represores, más allá de haberlo hecho por
convicción o por márquetin. Está claro que el gobierno de Macri no tiene ese
perfil y suele decir, quizás también más
por conveniencia que por convicción, que
no interfiere en materia de justicia. Y está bien. Pero que su secretario de Derechos Humanos,
Claudio Avruj, se haya pronunciado tibiamente al expresar "estoy de
acuerdo con el 2x1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley" es,
cuanto menos, sugestivo. En su rol de defensor de los DDHH tuvo toda
la oportunidad de levantar las banderas de
la crítica a los delitos de lesa humanidad y podría haber manifestado su
desacuerdo. Tenía muchas maneras de hacerlo. No lo hizo.
Si no lo hace él, está claro que el gobierno de Mauricio Macri demostró
con ello una tibieza extrema, una escasa
convicción, dio un temerario paso atrás.
La política debe seguir defendiendo fuertemente a los ciudadanos de las garras
de los dictadores. Es un deber de los demócratas profundizar toda acción que
concurra en defensa de la democracia, de
los ciudadanos y vaya decididamente en contra de los dictadores, más aún,
de los genocidas.
La reconciliación por fuera de la sanción es falta de
respeto a la memoria
La sociedades deben reconciliarse con su pasado, es
cierto; imprescindible. Lo que esa
reconciliación no puede hacer es valerse para ello de la impunidad frente a
todos los tipos de delitos, más aún de
lesa humanidad. Hacerlo es una afrenta a la memoria, una falta de respeto angte el sufrimiento de
miles de vidas inocentes. Nunca hay que
olivarde que, si bien hubo terroristas
que sufrieron la denigración y las torturas, miles de inocentes, por haber estado en una agenda de teléfonos
inapropiada, fueron secuestrados, torturados, desparecidos y asesinados.
Reducir las penas a los genocidas por los mecanismos que
sean, más aún por la aplicación de leyes
que no están en vigencia, lejos de
buscar la reconciliación es profundizar las heridas. Lamentablemente, sabrá Dios por qué oscuros intereses, tres jueces decidieron que los torturadores,
secuestradores de bebés, apropiadores de
vidas humanas, asesinos y ladrones que usaron la impunidad que les dio ejercer
el poder del Estado pueden ser considerados iguales a alguien quien, por hambre,
podría haber robado una manzana.
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