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Escribe:
Rubén Darío Gandulfo

Lo que pasó anoche en la Av. San Martín excede una pelea callejera entre contraventores y representantes del orden. Dejó a la sociedad juniense frete a una verdadera bisagra en el comportamiento urbano: Permisividad absoluta o el cumplimento de las normas.

Todos ahora buscan saber cómo empezó, quién fue el que encendió la mecha de la inusitada violencia. Se buscan excusas, como siempre. La cuestión es, ante tanto desborde, que la culpa la tenga el otro. Y listo. Pero no es así o, por lo menos, no debiera serlo.

Aquí hay un hecho que no se pude soslayar. Hay una gran cantidad de contraventores a las normas de tránsito que no quieren someterse a las reglas. Es más, se ufanan de trasgredirlas. Esa es la verdadera razón de lo que sucedió.

Puede haber detalles sobre si un policía le rogó de rodillas a un joven que le cediera la moto o si se la arrancó. ¿Usted cree, realmente, que si se la arrancó fue sin pedírsela antes? ¿Usted está seguro que ese joven iba a entregarle pacientemente el rodado cuando ese policía se lo arrebató?

Detalles. No hacen al fondo de la cuestión. Es tratar de poner el eje de discusión en otro punto, no dónde debe estar: Los ciudadanos que andan por la ciudad deben cumplir sus reglas. Para andar en moto, en auto y de a pie. Y no por eso hay que desatar un verdadero escándalo.

Realmente, lo que pasó supera todo lo comprensible y entendible. “Una lluvia de piedras, como si estuviera cayendo granizo desde el cielo” dijo Miguel Ángel Chami. Eran bolsas de proyectiles que, organizadamente, varios centenares de contraventores consuetudinarios acarrearon al lugar y arrojaron sobre la policía, los inspectores, los vehículos y los negocios del lugar, en particular de un militante en la lucha contra las picadas de la Av. San Martín. Y cortaron la luz deliberadamente. No parece, para nada, una reacción virulenta de ciudadanos que se sintieran molestos por el accionar de un policía.

Estamos en una bisagra, en donde un estado, con sus instituciones, debe hacer que se respete el derecho de vivir en sociedad cumpliendo con las normas. Para eso deberá apelar a todas las herramientas que posee en materia de seguridad. Inspección General, policía de las comisarías y los grupos especiales GAD e Infantería. Todos con una sola jefatura, la ley. Eso es un estado de derecho. No el libertinaje.

El año pasado, en plena crisis del precio del petróleo, los camioneros españoles quisieron cortar las rutas del país. Rodríguez Zapatero, con todo el peso de la democracia, sacó las fuerzas especiales a las rutas y en menos de medio día había puesto todo de acuerdo a las leyes y la constitución de España. A nadie, absolutamente a nadie se le ocurrió insinuar si quiera que hubiera habido represión. En un Estado de Derecho, la ley es pareja para todos, la deben cumplir todos, y el Estado tiene, en sus instituciones, las herramientas irremplazables para alcanzar el objetivo.

Casi 26 años después de la vuelta a al Democracia, es hora de que maduremos. Reprimir no es síntoma de dictadura cuando no se reprime una idea, como en aquellos años de plomo, sino se reprime un acto ilegal, violatorio de las normas y del derecho de los demás. Uno tiene la sensación de que, los vivos de siempre, los incorregibles violadores de las normas, se escudan en el flagelo de la dictadura que nos torturó para seguir defendiendo su “derecho” a la ilegalidad, a su comportamiento irracional, anárquico y disociado.

Estamos frente a una verdadera bisagra. O se hacen cumplir las normas y se aplican con todo rigor las leyes que la sociedad en su conjunto dicta para organizarse o estaremos definitivamente en el desorden, el caos que nos llevará irremediablemente al fracaso en las búsqueda de cualquier sistema de convivencia organizada. La clase política y las fuerzas de seguridad son las encargadas de decir cual camino eligen; el del facilismo permisivo o el difícil, trajinado pero siempre efectivo camino del orden y la ley, herramientas imprescindibles para cualquier DEMOCRACIA ORGANIZADA.